El Foro de la Familia, España Educa en Libertad y la Federación Regional de Familias Numerosas de Castilla y León presentaron un informe jurídico que concluye que el Protocolo de Atención Educativa y Acompañamiento al Alumnado en Situación de Transexualidad y Alumnado con Expresión de Género No Normativa, de la Junta de Castilla y León “es ilegal e inconstitucional y vulnera derechos y libertades fundamentales”. Por ello, emplazaron al consejero de Educación, Fernando Rey, a “retirar este protocolo de manera inmediata” y ofrecieron “diálogo para buscar fórmulas que permitan ayudar a las personas que sufren esta situación sin pasar por encima de derechos y libertades fundamentales de padres y comunidad educativa“
Se trata de un análisis detallado y exhaustivo, realizado por el catedrático jubilado de Derecho Administrativo José Luis Martínez López-Muñiz, en el que, a lo largo de 64 páginas desgrana qué derechos, libertades fundamentales, artículos de la Constitución Española, leyes, e incluso tratados internacionales son vulnerados por una norma cuyo rango en la jerarquía normativa es inferior a cualquiera de los mencionados.
Según López-Muñiz:
- La naturaleza del Protocolo no está especificada en el mismo, por lo que cabe entenderse como reglamento, como instrucción u orden de servicio, o como directriz administrativa superior”.
- Como reglamento, no puede obligar ni a centros públicos ni a centros privados, sean éstos concertados o no, dada su falta de publicidad legalmente exigida a través del diario oficial, lo que hace que carezca de eficacia.
- Como instrucción u orden de servicio, sí podría producir efectos obligatorios para personal y usuarios (familias y alumnos) de centros públicos, siempre y cuando respetase, para el caso del profesorado, el límite derivado de la libertad de cátedra y expresión docente.
- Como directriz administrativa superior, tampoco podría obligar ya que restringe indebidamente y sin base legislativa alguna las libertades científica, de expresión, ideológica, religiosa; viola el derecho a la intimidad personal y familiar del alumnado y sus familias; impone enseñanzas no determinadas ni por ley ni por las normas reglamentarias que las concretan; lesiona el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias y atenta sobre su derecho-deber al ejercicio de la patria potestad, de la guía y dirección de sus hijos menores en el ejercicio de todos sus derechos y a la preferencia de su valoración sobre lo que sea de su interés superior.
Respuesta de la sociedad civil
Frente a esta situación, asociaciones de familia y educación han anunciado que no van a quedarse de brazos cruzados ante “esta intolerable intromisión de los poderes públicos en la esfera de lo privado, en la intimidad y las conciencias de los menores disfrazándolo de respeto y no discriminación”.
Las entidades quisieron destacar “su profundo rechazo a cualquier tipo dediscriminación, acoso o agresión por cualquier motivo, pero entendemos que no corresponde a los poderes públicos abandonar tanto su neutralidad ideológica como el principio de subsidiariedad, y pisar derechos y libertades fundamentales para intentar conseguir este objetivo, presentando como verdades absolutas ideologías en las que no existe un consenso generalizado en la sociedad”.
Foro de la Familia
García-Juliá exigió “prudencia” al consejero antes de imponer una norma de estas características. “En materia de menores que se identifican con el sexo opuesto al biológico, lo mínimo que hay que tener es prudencia, y atender a los profesionales de la ciencia expertos en la materia. No es un tema que deba resolverse de forma unilateral e impositiva por parte de los políticos. Cerca del 90% de los menores que se identifican con el sexo opuesto vuelven a sentirse identificados con el propio de forma natural pasada la pubertad (según el reciente estudio al respecto del Colegio Americano de Pediatras)”. “Por ello, condenar a un menor de por vida por motivos ideológicos con el único fundamento de sus sentimientos cuando aún ni siquiera ha desarrollado su personalidad, y al margen de la patria potestad, lo consideramos inadmisible y nada respetuoso con el propio menor ni con su entorno, al cual se le imponen una serie de obligaciones basadas únicamente en la autopercepción del menor en cuestión”.
También denunció que, de aplicarse el protocolo, “la única autoridad reconocida para los menores serán los colectivos LGTBI recogidos en el anexo del protocolo. Ellos serán juez y parte a la hora de decidir qué familias están ‘colaborando’ o deben ‘ser convencidos’, instaurando de facto un ‘Gran Hermano’ y un clima inquisidor sobre las familias que no compartan la visión antropológica partícular de la ideología de género”
España Educa en Libertad
Para Susana Álvarez, “A la vista de las medidas contenidas en este documento, llegamos a la conclusión de que los padres, en relación con sus hijos menores, quedan privados de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, como puedan ser velar por ellos, educarlos y procurarles una formación integral.
“Entendemos que las actuaciones que se pretenden en este Protocolo invaden gravemente derechos y libertades de los alumnos menores y de sus padres, suplantándoles como primeros educadores de sus hijos y excluyéndoles del derecho a educarles de acuerdo con sus propias convicciones”.
Federación Regional de Familias Numerosas
Alberto Sanvicens destacó que esta norma “merma significativamente las libertades de las familias. Asumiendo una premisa antropológica concreta, opinable y discutible, como es la de que el ser humano se autoconstruye o la de que los sentimientos están por encima de los hechos objetivos en materias que afectan a la dignidad personal, se intenta a través del Protocolo imponer a nuestros hijos, de forma uniforme en todo el territorio autonómico, una perspectiva concreta de la visión del ser humano. Esto, además, amenazándonos con los servicios sociales si discrepamos en la práctica de los contenidos del Protocolo”.
“Las familias no vamos a permitir que nos aparten de nuestro importantísimo y vital papel en la sociedad, en cualquier sociedad que pretenda prosperar. No vamos a permitir que nos pisen nuestros derechos y libertades de forma unilateral e impositiva por parte de las administraciones. Por eso, pedimos respeto, protección y, sobre todo, libertad”.