En los últimos días se suceden los comunicados de directores, profesores, familias y centros que advierten de que no es posible empezar el curso con las instrucciones y medios actuales
28 de julio de 2020
Los profesionales de la educación amenazan con rebelarse. Profesores, personal de servicios, inspectores y algunas asociaciones familiares se están revolviendo estas semanas ante lo que, a día de hoy, se prevé como una vuelta a clase casi normal en medio de una pandemia. “En Murcia nos dicen que no haya reuniones de más de 15 personas, pero planean una vuelta a clase con 35 alumnos en 50 metros cuadrados”, resume en 26 palabras Raimundo de los Reyes, director de un instituto murciano y presidente de Fedadi, la mayor asociación de directores de centros de Secundaria de España. Es un sentir creciente entre el profesorado de casi toda España: las administraciones están planificando una reapertura de los centros educativos sin las medidas de seguridad mínimas exigibles y los docentes amenazan con plantarse. De momento no suenan tambores de huelga, pero el run run de fondo va in crescendo.
Las denuncias se suceden estas semanas en las que colegios e institutos ya van a echar el cierre con todas las supuestas medidas adoptadas de cara a septiembre, porque pese al mito son muchos los profesionales de la educación que han estado trabajando este mes de julio. No hay jornada que algún colectivo de algún rincón de España no levante la voz o emita un comunicado ante lo que ya parece una realidad: las contrataciones de profesores van a ser escasas siendo, la posibilidad de aumentar espacios en unos centros que ya sobrepasan su capacidad inicial nunca fue una alternativa real y, por tanto, la idea inicial del Ministerio de Educación de que las aulas tuvieran 15 alumnos parece ya una propuesta inalcanzable.
La principal medida de seguridad en los colegios será calzarse bien la mascarilla y a clase. 30 o 35 alumnos en 40 o 50 metros cuadrados. De propina, los directores tendrán que nombrar un responsable COVID que establezca un protocolo sanitario en los centros y estar atentos por si algún alumno desarrolla síntomas compatibles con la enfermedad. Cómo los van a diferenciar de, por ejemplo, una gripe común es algo que, se supone, tendrán que aprender sobre la marcha. “No somos sanitarios, no tenemos esa formación”, recuerdan los profesores, que rechazan esa responsabilidad.
En Galicia se vienen celebrando protestas desde el pasado miércoles, bajo el argumento de que el Gobierno de Núñez Feijóo “solo tiene en cuenta el criterio del coste cero”. Tras meses de pandemia, las instrucciones para septiembre llegaron hace una semana. En Aragón, comunidad especialmente sensible estos días por el aumento de los casos, cuatro sindicatos exigen al Ejecutivo regional que se siente a negociar. En Andalucía, 150 centros han enviado una carta a la Consejería de Educación rechazando que les hayan cargado con la responsabilidad de redactar un protocolo y explicando que no pueden abrir sus puertas en las condiciones actuales y con los medios disponibles.
En Castilla y León, la Junta de Personal Docente de León y la Federación Leonesa de Ampas (Felampa) consideran que la Consejería de Educación “se está lavando las manos” y “volcando las responsabilidades en los centros”. En Castilla La Mancha, los sindicatos también denuncian que las medidas tomadas son “insuficientes”. En Euskadi, la consejera ha explicado que empezarán con su primer escenario, “que es de una situación prácticamente normalizada (…) que no prevé la contratación de un mayor número de profesores”. Son solo algunos ejemplos.
No es solo protestar
Los docentes no solo protestan, tienen bastante claras sus propuestas, que puede resumirse en dos que en realidad son la misma: más contrataciones de profesores para tener ratios más bajas (menos alumnos en cada clase), de manera que se pueda mantener la distancia de seguridad y trabajar mejor. Pero son pocas las administraciones que han abrazado ese camino, y menos las que lo han hecho de manera que tenga un cierto impacto.
Andalucía, por ejemplo, va a contratar unos 6.000 docentes, una cifra que no llega a suponer un profesor más por colegio. Catalunya se maneja en términos similares: unos 5.000 profesionales más para 4.600 centros. Castilla La Mancha va a duplicar esas cifras: 3.000 nuevas contrataciones para 1.500 centros, unas cuentan que incluyen a los privados. Madrid va a firmar a 600 profesores más y solo ampliará la cifra si hay un cambio de escenario hacia la teledocencia. La Comunitat Valenciana, una de las más alabadas por su respuesta a la crisis educativa, va a incorporar a algo menos de 4.500 profesores para sus 1.847 centros, algo más de dos por colegio. CCOO calcula que para cumplir aquella idea inicial de los 15 alumnos por clase harían falta unos 166.000 docentes extra. Las cuentas, estas cuentas al menos, no salen.
Estas protestas de directores y profesores están teniendo también un efecto secundario difícil de medir en cuanto a su impacto, pero existente: choques entre familias y docentes porque aquellas dicen que estos se han acomodado y quieren seguir con la docencia online. Las familias están preocupadas por la conciliación y por lo que harán con sus hijos tras la vuelta al cole si hay escenarios de enseñanza parcial a distancia o incluso de cierre de colegios ante posibles brotes.
“Quien opine que nos ha gustado lo que ha pasado no se acerca ni de lejos a la realidad. La inmensa mayoría del profesorado ha hecho un sobreesfuerzo, la no presencialidad implica más trabajo. Es un sobreesfuerzo por la reprogramación, el cambio de método, el seguimiento de los alumnos…”, replica De los Reyes, el director de un instituto murciano. “Los problemas de conciliación también los entendemos, pero si hay que garantizar que a los menores de 14 años haya que ‘depositarlos’ en algún sitio, ese sitio no tiene por qué ser la escuela”, añade, ahondando en un concepto que los profesores repiten estos días: ellos son profesionales de la educación, no de los cuidados de menores, y solventar los problemas de conciliación es una cuestión de la administración en su conjunto o, en su caso, de las empresas de los padres.
Las familias, o al menos Ceapa, el órgano con más representatividad en la escuela pública, tampoco están especialmente contentas. Esta federación, que agrupa a 12.000 AMPAS de todo el Estado, lamenta que no se haya tenido en cuenta su opinión ante la vuelta a las aulas y exige que a partir de septiembre el curso sea “100% presencial como garante de la igualdad de oportunidades del alumnado”. Todo apunta a que la organización puede estar tranquila: a no ser que la evolución de la pandemia lleve a un cierre más o menos ordenado, las Consejerías de Educación están en eso con carácter general. Todos a clase como plan A y si llegan rebrotes se pasa al plan B de semi presencialidad (partir los grupos por la mitad y dar clases presenciales en días alternos) o volver a la enseñanza a distancia en el peor escenario.
Menos suerte parece que va a tener Ceapa con otras de sus reivindicaciones, compartidas con los maestros: la bajada de ratios y el diseño de planes de conciliación familiar y laboral. El descenso del número de alumnos por aulas ni está ni se espera, salvo excepciones como Valencia; de la conciliación se puede decir lo mismo.
Sea como sea, es final de julio y poco margen de maniobra queda ya. Excepto algunos, que aún seguirán reuniéndose y buscando soluciones los primeros días de agosto, los centros educativos cierran y lo siguiente que les espera es recibir la avalancha de estudiantes a partir de la segunda semana de septiembre. “Se ha perdido demasiado tiempo en elaborar instrucciones que en la mayoría de los casos no sirven de gran cosa a los centros educativos (…) y ahora todo se para. ¿Es demasiado tarde para una actuación global-local adecuada? Puede que sí, siento decirlo”, cierra el profesor Trujillo.
Daniel Sánchez Caballero