Feministas del PSOE recurren a Sánchez por el “acoso transactivista” en las universidades

La catedrática de Filosofía y Política y miembro del Consejo de Estado, Amelia Valcárcel; la ex presidenta del Consejo Asesor de Igualdad del PSOE cuando Sánchez llegó a la Secretaría General del partido, Altamira Gonzalo; la exsubdirectora del Instituto de la Mujer Teresa Blat y la abogada Yolanda Besteiro, sobrina de Julián Besteiro, escriben una misiva al presidente.

Feministas vinculadas al PSOE recurren por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para denunciar el “acoso transactivista” que, a su juicio, se está produciendo en las universidades españolas. La misiva está firmada por la Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS), una organización que ha sido creada recientemente para defender la erradicación de la prostitución, los vientres de alquiler y la pornografía fuera del partido y tras los múltiples encontronazos con el Ministerio de Igualdad liderado por Unidas Podemos como socio de coalición.

Entre las integrantes de la asociación destacan la catedrática de Filosofía y Política y miembro del Consejo de Estado, la asturiana Amelia Valcárcel. Junto a ella, que ocupa el rol de presidenta, está Altamira Gonzalo, que presidió el Consejo Asesor de Igualdad del PSOE cuando Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del partido o Teresa Blat, exsubdirectora general del Instituto de la Mujer. Entre las vocales figura la abogada Yolanda Besteiro, que preside la Federación Mujeres Progresistas y es sobrina del reconocido político socialista Julián Besteiro.

“El medio millar de mujeres que hoy constituimos la Asociación Española de Feministas Socialistas queremos mostrar nuestra preocupación y nuestro rechazo a las formas y los procedimientos totalmente inadecuados que desde hace años vienen utilizando las organizaciones transactivistas –favorables a la doctrina queer y a la autodeterminación de género– ante cualquier ejercicio de libertad de expresión que consideren opuesto a sus  ideas e intereses”, arranca la carta a Sánchez.

Feministas alineadas con Calvo

Además, las mujeres que forman parte de la entidad echan un capote a Carmen Calvo ante las criticas vertidas sobre sus posicionamientos por parte de las organizaciones defensoras de la ley trans. Para las autoras de la misiva, Calvo es un “claro referente del feminismo español” y “representa lo que siempre ha sido el feminismo socialista, el feminismo de la igualdad, que nace en el Siglo de las Luces con los grandes valores de la libertad, la igualdad y la necesidad racional de demostrar, con evidencias materiales y científicas, las ideas, teorías y principios que conforman nuestra convivencia democrática”.

Por eso, advierten, miramos con lupa la afirmación de los transactivistas de que los deseos individuales deben convertirse en leyes para todos. Este grupo de feministas vinculadas al PSOE, muchas de ellas ocuparon cargos en el partido de mayor o menor nivel, ponen el foco en los incidentes acontecidos en los últimos meses en las universidades españolas como el boicot a una profesora crítica con la autodeterminación de género y acusada de “tránsfoba”; el cese de una académica que ocupaba un alto cargo en el departamento de Igualdad de la Universidad de Valencia y la cancelación de una conferencia de dos profesores en la Universidad de Baleares.

“Los últimos casos que han tenido lugar en la Universidad constituyen una forma de cancelación académica intolerable, son contrarios a la libertad de expresión, que debe primar en nuestra sociedad y muy especialmente en las universidades. La Universidad Autónoma de Barcelona, ante las presiones del transactivismo, canceló el programa ‘Género y publicidad’ de la profesora Juana Gallego, alegando la supuesta transfobia de la que había sido acusada dicha profesora”, explican a Sánchez.

Pocos días después, añaden, la Universidad de las Islas Baleares, ante las presiones y amenazas de ruptura del orden público por parte del transactivismo, canceló una conferencia de los profesores de la Universidad de Oviedo José Errasti y Marino Pérez Álvarez sobre su libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, al haber sido también acusados de tránsfobos.

“Posteriormente ha sido cesada la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia, Amparo Mañés, sin ninguna explicación, aunque unos días antes había publicado un tuit en el que afirmaba que ‘la mujer es la hembra
humana’. Todos estos actos y hechos se promueven a fin de cancelar el discurso de la igualdad para que sea sustituido, sin debate público previo, por la doctrina queer“, sostienen desde la Asociación de Feministas Socialistas.

Y concluyen: “Consideramos que un estado social y democrático de Derecho debe proteger la libertad de expresión ante la presión violenta ejercida por los transactivistas. Al mismo tiempo, debería apoyar siempre el diálogo democrático y los debates públicos fundamentados en las ciencias sobre un tema que es desconocido para la ciudadanía y que, sin embargo, tiene importantes consecuencias, todavía no evaluadas en nuestro país, para los derechos de las mujeres, en los de las niñas y niños y también de las lesbianas y gais”.

Varapalo judicial a la ‘ley trans’

La carta a Sánchez llega días después del varapalo judicial a Irene Montero a cuenta de la ‘ley trans’. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial CGPJ acaba de aprobar por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Los jueces cuestionan la norma y alegan que contiene “aspectos oscuros” y discriminación de las mujeres.

Por mayoría, se ha acordado proponer que se eleve a los 18 años el límite de edad para que una persona pueda solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral relativa al sexo. De este modo, se extendería hasta la mayoría de edad el procedimiento previsto en el anteproyecto para los menores de entre 12 y 14 años, que requiere de aprobación judicial, previa tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria y la demostración de la madurez necesaria y de la voluntad estable de proceder a la rectificación registral del sexo.

También por mayoría, se ha acordado proponer que se valore la necesidad de que algunos de los preceptos del texto remitido por el prelegislador tengan rango de ley orgánica al ser su finalidad esencial desarrollar el principio de igualdad -recogido en el artículo 14 de la Constitución- en relación con las personas LGTBI y transexuales. Por unanimidad, el Pleno ha acordado señalar en el informe su disconformidad con la prohibición de terapias de conversión que recoge el anteproyecto.

“El CGPJ emite su informe sobre la Ley Trans y LGTBI con tres meses de retraso. Ninguna sorpresa. Nuestra hoja de ruta es clara: tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones. Los derechos de las personas trans y LGTBI serán ley“, advirtió Montero tras conocer la noticia. Su ‘número 2’ en el Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez, fue más allá: “No es sorpresa que el CGPJ diga que la ley trans y LGTBI es un problema. Ya dijo que las personas LGTBI éramos como animales cuando se aprobó el matrimonio igualitario. La sorpresa sería que los jueces se pusieran de parte del feminismo y de la defensa de los Derechos Humanos”.

Las feministas vinculadas al socialismo han celebrado el informe del CGPJ al considerar que la ‘ley trans’ es “misógina”. Sin embargo, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, compuesta por varias asociaciones feministas contrarias a la autodeterminación de género y que no necesariamente son cercanas al PSOE, también considera que algunos de los aspectos tratados por el CGPJ en su análisis deben ser tratados con mayor profundidad.

“El informe no tiene en cuenta que la libre determinación del sexo registral presenta un impacto negativo, no solo en el deporte femenino, si no también en otros ámbitos no reseñados como la elaboración de estadísticas y otras cuestiones que afectan a las políticas públicas basadas en el sexo, la integridad física de las mujeres internas en centros penitenciarios, los espacios separados por motivos de seguridad para las mujeres, el derecho de las mujeres a la paridad basada en el sexo, el derecho a la atención de la salud diferencial cuando se ve afectada por el sexo de las personas, la investigación sanitaria que contempla las diferencias fisiológicas entre mujeres y hombres, etc.”, consideran.

Marina Alías

Publiado en Vozpopuli