Consecuencias de la pandemia del coronavirus
Acuerdan modificar el modelo y el contenido de las pruebas de Selectividad para dar más facilidades al alumnado
El Gobierno y los representantes educativos de las comunidades autónomas han acordado este miércoles aplicar nuevas medidas escolares excepcionales en vista de la evolución de la pandemia de coronavirus y la suspensión de las clases lectivas hasta, por lo menos, el 11 de abril. Por un lado, han decidido quitar las evaluaciones externas de Primaria y Secundaria para este curso, tal y como adelantó EL MUNDO. Por otro, han pactado aplazar la Selectividad hasta finales de junio o principios de julio.
En concreto, tendrá que hacerse entre el 22 de junio y el 10 de julio la convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre la extraordinaria. También se ha acordado modificar el modelo y el contenido de las pruebas “con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias”.
Son tres de los cambios que se han debatido en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, que se ha realizado por videoconferencia y han presidido la ministra Isabel Celaá y el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, junto a los consejeros de todas las comunidades autónomas.
El calendario escolar, de momento, se mantiene como estaba: no se cierra en marzo pero “nadie ha hablado en la reunión de alargar el curso a julio”, según expresan fuentes del Ministerio.
“De ninguna de las maneras está previsto que se acabe el curso. El curso sigue. En relación a lo que queda de curso, el 11 de abril nos volveremos a asomar a esta videoconferencia para ver las circunstancias y cómo transitamos el final del curso. Esperamos que pueda haber una actividad presencial de los alumnos que nos permita llevar al menos por unos días a repasar al menos los contenidos más importantes y llevarlos a la prueba de la EBAU”, ha dicho Celaá.
Y ha añadido: “De no ser así, adoptaremos algunas decisiones para seguir por la vía telemática, pero ajustando los aspectos más relevantes del temario. Ninguna familia tiene que preocuparse. Trabajamos para que ningún alumno pierda el curso por la pandemia y para que todos puedan ser evaluados en condiciones de justicia y equidad”.
PRUEBAS QUE PERMITEN DIAGNOSTICAR Y ACTUAR
Celaá había propuesto a las comunidades autónomas la suspensión de las pruebas finales de 3º y 6º de Primaria y 4º de la ESO, previstas por la Lomce y que se iban a celebrar en la mayoría de territorios para el próximo mes de mayo, pero les había dejado libertad para que decidieran este miércoles. Estas pruebas no tienen efectos académicos para los alumnos, pero son muy valiosas para hacer un diagnóstico de los sistemas educativos y permiten a la consejerías realizar actuaciones de mejora.
Andalucía, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Baleares, Cantabria y Navarra han sido las primeras autonomías en mostrar su intención de suspenderlas, mientras que Cataluña quería aplazarlas.
También se han cancelado otras evaluaciones externas gestionadas por las propias comunidades, como la de 2º de la ESO en Baleares o las de 4º de Primaria y 2º de la ESO en Navarra.
En la reunión se ha hablado también de las evaluaciones ordinarias “en estas complejas circunstancias” y se ha solicitado que por parte de las CCAA “se tenga en consideración a los alumnos con mayores dificultades para acceder a los medios a distancia y online“, según fuentes presentes en el encuentro.
Respecto a la Selectividad se han barajado muchas propuestas. La que finalmente ha salido, aunque nadie garantiza que pueda cumplirse, es atrasar la convocatoria ordinaria, prevista para principio de junio, hasta entre el 22 y el 10 de julio. La convocatoria extraordinaria se hará antes del 10 de septiembre, y así lo van a seguir todas las comunidades autónomas salvo el País Vasco, Navarra y Murcia, que la mantendrán en julio como hasta ahora. Las calificaciones tendrán que estar listas antes del 17 de julio para la convocatoria ordinaria y antes del 18 de septiembre en el caso de la extraordinaria. En la reunión se ha decidido retrasar también el plazo para hacer las matrículas, de tal forma que la asignación de plazas no se podrá realizar antes del 25 de septiembre.
NO SE REDUCE TEMARIO, CAMBIA EL MODELO DE EXAMEN
¿Qué cambios van a hacerse en el examen? Fuentes del Ministerio de Universidades explican que “no se reduce el temario, lo que cambia es el modelo de examen”. Se va a cambiar la prueba para que el alumnado tenga la posibilidad de obtener la máxima puntuación sin realizar las preguntas correspondientes a alguno de los bloques de contenidos de la materia. Antes los alumnos tenían que elegir entre la opción A y la opción B y asumir las preguntas que hubiera en cada opción. Ahora los alumnos se pueden hacer a la carta el examen y coger preguntas de ambas opciones.
Según un documento del Departamento de Castells con las directrices para elaborar la evaluación, los enunciados serán opcionales para los aspirantes de tal forma que puedan configurar un conjunto de respuestas que le permitan sacar un 10 aunque en las clases presenciales (hasta el 10 de marzo) no se haya desarrollado una parte del currículo de la materia. “Ninguna pregunta o cuestión puede ser obligatoria”, recalca este documento.
“Cada bloque va a tener más opciones de preguntas para garantizar que siempre hay preguntas correspondientes al temario que se ha trabajado previo al 10 de marzo, que es cuando cierra el espacio educativo. Digamos que lo que se garantiza es que en cada bloque el alumno va a tener materia que ha trabajado presencialmente”, explican fuentes de Universidades.
En palabras de Celaá: “Hemos decidido adaptar las pruebas en términos de aportar mayor flexibilidad a la prueba, de tal manera que haya más opcionalidad en la prueba para que el alumno que ha trabajado en contenidos diferentes, no sólo en las distintas comunidades autónomas, sino en los distintos centros educativos, pueda demostrar lo que sabe, no aquello que no ha dado”.
Durante la reunión, la Comunidad de Madrid ha pedido una reunión técnica entre las comunidades y los ministerios de Educación y Universidades para que no existan diferencias sustanciales en la forma de evaluación entre comunidades que pudieran perjudicar a los alumnos de las diferentes regiones. Celaá ha aceptado la propuesta pero Cataluña y el País Vasco se han opuesto con el objeto de respetar sus competencias en esta materia.
En relación a los alumnos que realizan este curso en el extranjero, el Ministerio va a establecer sistemas específicos para homologar sus estudios, dado que, asegura, “la mayoría del alumnado está continuando las clases en la modalidad online“. Ha habilitado una dirección y un teléfono para que las familias puedan gestionar la homologación de los estudios y se va a pedir a los centros educativos las herramientas para que puedan finalizar sus estudios y, por tanto, eso les permita homologar el curso.
Respecto a las oposiciones de Secundaria, se ha decidido posponer la decisión hasta el martes de la semana que viene, aunque la ministra ha dejado claro que se trata de una decisión de las comunidades autónomas, aunque lo deseable sería que sea una decisión conjunta e igual para todos. La posición de las CCAA ha estado dividida: unas preferían retrasar al año 2021 las oposiciones y otras mantenerlas en 2020.
Ahora el Ministerio tiene que emitir una nueva orden con una horquilla de fechas a la que las administraciones autonómicas tendrán que adherirse. La orden anterior decía que no podía hacerse más tarde del 19 de junio. También tendrá que escribir una nueva orden para cancelar las evaluaciones externas de Primaria y Secundaria: la que había estaba redactada y firmada pero aún no se había publicado.
Sindicatos como CSIF han considerado “decepcionante” la solución acordada: “La única decisión ha sido retrasar la prueba, cuando se deberían haber tenido en cuenta diferentes escenarios sobre las diferentes evaluaciones en los diferentes ciclos de la educación, así como respecto al calendario escolar, teniendo en cuenta la incertidumbre que hay sobre la evolución de la pandemia”, explican, y piden una prueba única para todas las comunidades “para garantizar la igualdad de oportunidades, con conocimientos básicos comunes para toda España”.